Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad

III. MEDIDAS DE EJECUCION


Artículo 13. Información e investigación
Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación
Artículo 15. Legislación
Artículo 16. Política económica
Artículo 17. Coordinación de los trabajos
Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad
Artículo 19. Capacitación de personal
Artículo 20. Supervisión y evaluación a nivel nacional de los
programas sobre discapacidad en lo relativo a la aplicación de
las Normas Uniformes
Artículo 21. Cooperación económica y técnica
Artículo 22. Cooperación internacional

Artículo 13. Información e investigación
Los Estados deben asumir la responsabilidad final de reunir y
difundir información acerca de las condiciones de vida de las
personas con discapacidad y fomentar la amplia investigación de
todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan la vida de
las personas con discapacidad.
1. Los Estados deben reunir periódicamente estadísticas,
desglosadas por sexo, y otras informaciones acerca de las
condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esas
actividades de reunión de datos pueden realizarse conjuntamente
con los censos nacionales y las encuestas por hogares, en
estrecha colaboración con universidades, institutos de
investigación y organizaciones de personas con discapacidad. Los
cuestionarios deben incluir preguntas sobre los programas y
servicios y sobre su utilización.
2. Los Estados deben examinar la posibilidad de establecer una
base de datos relativa a la discapacidad, que incluya
estadísticas sobre los servicios y programas disponibles y sobre
los distintos grupos de personas con discapacidad, teniendo
presente la necesidad de proteger la vida privada y la
integridad personales.
3. Los Estados deben iniciar y fomentar programas de
investigación sobre las cuestiones sociales, económicas y de
participación que influyan en la vida de las personas con
discapacidad y de sus familias. Las investigaciones deben
abarcar las causas, los tipos y la frecuencia de la
discapacidad, la disponibilidad y eficacia de los programas
existentes, y la necesidad de desarrollar y evaluar los
servicios y las medidas de apoyo.
4. Los Estados deben elaborar y adoptar terminología y criterios
para llevar a cabo encuestas nacionales, en cooperación con las
organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad.
5. Los Estados deben facilitar la participación de las personas
con discapacidad en la reunión de datos y en la investigación.
Para la realización de esas investigaciones, deben apoyar
particularmente la contratación de personas con discapacidad
calificadas.
6. Los Estados deben apoyar el intercambio de experiencias y
conclusiones derivadas de las investigaciones.
7. Los Estados deben adoptar medidas para difundir información y
conocimientos en materia de discapacidad a todas las instancias
políticas y administrativas a nivel nacional, regional y local.

Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación
Los Estados deben velar por que las cuestiones relativas a la
discapacidad se incluyan en todas las actividades normativas y de
planificación correspondientes del país.
1. Los Estados deben emprender y prever políticas adecuadas para
las personas con discapacidad en el plano nacional y deben
estimular y apoyar medidas en los planos regional y local.
2. Los Estados deben hacer que las organizaciones de personas
con discapacidad intervengan en todos los casos de adopción de
decisiones relacionadas con los planes y programas de interés
para las personas con discapacidad o que afecten a su situación
económica y social.
3. Las necesidades y los intereses de las personas con
discapacidad deben incorporarse en los planes de desarrollo
general en lugar de tratarse por separado.
4. La responsabilidad última de los Estados por la situación de
las personas con discapacidad no exime a los demás de la
responsabilidad que les corresponda. Debe exhortarse a los
encargados de prestar servicios, organizar actividades o
suministrar información en la sociedad a que acepten la
responsabilidad de lograr que las personas con discapacidad
tengan acceso a esos servicios.
5. Los Estados deben facilitar a las comunidades locales la
elaboración de programas y medidas para las personas con
discapacidad. Una manera de conseguirlo consiste en preparar
manuales o listas de verificación, y en proporcionar programas
de capacitación para el personal local.

Artículo 15. Legislación
Los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para
la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la
plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad.
1. En la legislación nacional, que consagra los derechos y
deberes de los ciudadanos, deben enunciarse también los derechos
y deberes de las personas con discapacidad. Los Estados tienen
la obligación de velar por que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos, incluidos sus derechos civiles y
políticos, en un pie de igualdad con los demás ciudadanos. Los
Estados deben procurar que las organizaciones de personas con
discapacidad participen en la elaboración de leyes nacionales
relativas a los derechos de las personas con discapacidad, así
como en la evaluación permanente de esas leyes.
2. Tal vez sea menester adoptar medidas legislativas para
eliminar las condiciones que pudieran afectar adversamente a la
vida de las personas con discapacidad, entre otras, el acoso y
la victimización. Deberá eliminarse toda disposición
discriminatoria contra personas con discapacidad. La legislación
nacional debe establecer sanciones apropiadas en caso de
violación de los principios de no discriminación.
3. La legislación nacional relativa a las personas con
discapacidad puede adoptar dos formas diferentes. Los derechos y
deberes pueden incorporarse en la legislación general o figurar
en una legislación especial. La legislación especial para las
personas con discapacidad puede establecerse de diversas formas:

a) Promulgando leyes por separado que se refieran
exclusivamente a las cuestiones relativas a la discapacidad;

b) Incluyendo las cuestiones relativas a la discapacidad en
leyes sobre determinados temas;
c) Mencionando concretamente a las personas con discapacidad
en los textos que sirvan para interpretar las disposiciones
legislativas vigentes.
Tal vez fuera conveniente combinar algunas de esas
posibilidades. Podría examinarse la posibilidad de incluir
disposiciones sobre acción afirmativa respecto de esos grupos.
4. Los Estados podrían considerar la posibilidad de establecer
mecanismos reglamentarios oficiales para la presentación de
demandas, a fin de proteger los intereses de las personas con
discapacidad.

Artículo 16. Política económica
La responsabilidad financiera de los programas y las medidas
nacionales destinados a crear igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad corresponde a los Estados.
1. Los Estados deben incluir las cuestiones relacionadas con la
discapacidad en los presupuestos ordinarios de todos los órganos
de gobierno a nivel nacional, regional y local.
2. Los Estados, las organizaciones no gubernamentales y otras
entidades interesadas deben actuar de consuno para determinar la
forma más eficaz de apoyar proyectos y medidas que interesen a
las personas con discapacidad.
3. Los Estados deben estudiar la posibilidad de aplicar medidas
económicas, esto es, préstamos, exenciones fiscales, subsidios
con fines específicos y fondos especiales, entre otros, para
estimular y apoyar la participación en la sociedad de las
personas con discapacidad en un pie de igualdad.
4. En muchos Estados tal vez sea conveniente establecer un fondo
de desarrollo para cuestiones relacionadas con la discapacidad,
que podría apoyar diversos proyectos experimentales y programas
de autoayuda en las comunidades.

Artículo 17. Coordinación de los trabajos
Los Estados tienen la responsabilidad de establecer comités
nacionales de coordinación o entidades análogas que centralicen a
nivel nacional las cuestiones relacionadas con la discapacidad.
1. El comité nacional de coordinación o la entidad análoga debe
tener carácter permanente y basarse en normas jurídicas y en un
reglamento administrativo apropiado.
2. Para lograr una composición intersectorial y
multidisciplinaria es probable que lo más conveniente sea una
combinación de representantes de organizaciones públicas y
privadas. Esos representantes podrían provenir de los
ministerios correspondientes, las organizaciones de personas con
discapacidad y las organizaciones no gubernamentales.
3. Las organizaciones de personas con discapacidad deben ejercer
una influencia apreciable sobre el comité nacional de
coordinación, a fin de asegurar que sus preocupaciones se
transmitan debidamente.
4. El comité nacional de coordinación debe contar con la
autonomía y los recursos suficientes para el desempeño de sus
funciones en relación con la capacidad de adoptar decisiones y
debe ser responsable ante la instancia superior de gobierno.

Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad
Los Estados deben reconocer el derecho de las organizaciones de
personas con discapacidad a representar a esas personas en los
planos nacional, regional y local. Los Estados deben reconocer
también el papel consultivo de las organizaciones de personas con
discapacidad en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre
cuestiones relativas a la discapacidad.
1. Los Estados deben promover y apoyar económicamente y por
otros medios la creación y el fortalecimiento de organizaciones
que agrupen a personas con discapacidad, a sus familiares y a
otras personas que defiendan sus derechos. Los Estados deben
reconocer que esas organizaciones tienen un papel que desempeñar
en la elaboración de una política en materia de discapacidad.
2. Los Estados deben mantener una comunicación permanente con
las organizaciones de personas con discapacidad y asegurar su
participación en la elaboración de las políticas oficiales.
3. El papel de las organizaciones de personas con discapacidad
puede consistir en determinar necesidades y prioridades,
participar en la planificación, ejecución y evaluación de
servicios y medidas relacionados con la vida de las personas con
discapacidad, contribuir a sensibilizar al público y a
preconizar los cambios apropiados.
4. En su condición de instrumentos de autoayuda, las
organizaciones de personas con discapacidad proporcionan y
promueven oportunidades para el desarrollo de aptitudes en
diversas esferas, el apoyo mutuo entre sus miembros y el
intercambio de información.
5. Las organizaciones de personas con discapacidad pueden
desarrollar su función consultiva de muy diversas maneras, ya
sea ostentando una representación permanente en los órganos
directivos de los organismos financiados por el gobierno, ya sea
formando parte de comisiones públicas o aportando conocimientos
especializados sobre diferentes proyectos.
6. El papel consultivo de las organizaciones de personas con
discapacidad debe ser permanente a fin de desarrollar y
profundizar el intercambio de opiniones y de información entre
el Estado y las organizaciones.
7. Esas organizaciones deben tener representación permanente en
el comité nacional de coordinación o en entidades análogas.
8. Se debe desarrollar y potenciar el papel de las
organizaciones locales de personas con discapacidad para que
puedan influir en las cuestiones que se ventilan a nivel
comunitario

Artículo 19. Capacitación del personal
Los Estados deben asegurar la adecuada formación, a todos los
niveles, del personal que participe en la planificación y el
suministro de servicios y programas relacionados con las personas
con discapacidad.
1. Los Estados deben velar por que todas las autoridades que
presten servicios en la esfera de la discapacidad proporcionen
formación adecuada a su personal.
2. En la formación de profesionales en la esfera de la
discapacidad, así como en el suministro de información sobre
discapacidad en los programas de capacitación general, debe
reflejarse debidamente el principio de la plena participación e
igualdad.
3. Los Estados deben elaborar programas de formación en consulta
con las organizaciones de personas con discapacidad, esas
personas, a su vez, deben poder participar como profesores,
instructores o asesores en programas de formación del personal.
4. La formación de trabajadores de la comunidad tiene gran
importancia estratégica, sobre todo en los países en desarrollo.
Debe impartirse también a las personas con discapacidad e
incluir el perfeccionamiento de los valores, la competencia y
las tecnologías adecuados así como de las aptitudes que puedan
poner en práctica las personas con discapacidad, sus padres, sus
familiares y los miembros de la comunidad.

Artículo 20. Supervisión y evaluación a nivel nacional de los
programas sobre discapacidad en lo relativo a la aplicación de las
Normas Uniformes
Los Estados son responsables de evaluar y supervisar con carácter
permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los
programas nacionales relativos al logro de la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.
1. Los Estados deben evaluar periódica y sistemáticamente los
programas nacionales en la esfera de la discapacidad y difundir
tanto las bases como los resultados de esas evaluaciones.
2. Los Estados deben elaborar y adoptar terminología y criterios
sobre la evaluación de servicios y programas relativos a la
discapacidad.
3. Esos criterios y esa terminología deben elaborarse en
estrecha cooperación con las organizaciones de personas con
discapacidad desde las primeras etapas de la formulación de
conceptos y de la planificación.
4. Los Estados deben participar en la cooperación internacional
encaminada a elaborar normas comunes para la evaluación nacional
en la esfera de la discapacidad. Los Estados deben alentar a los
comités nacionales de coordinación a que participen también en
esa actividad.
5. La evaluación de los diversos programas en la esfera de la
discapacidad debe comenzar en la fase de planificación para que
pueda determinarse la eficacia global de los programas en la
consecución de sus objetivos de política.

Artículo 21. Cooperación técnica y económica
Los Estados -tanto los países industrializados como los países en
desarrollo- tienen la obligación de cooperar y de adoptar medidas
para mejorar las condiciones de vida de todas las personas con
discapacidad en los países en desarrollo.
1. Las medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad, incluidos los refugiados con
discapacidad, deben incorporarse en los programas de desarrollo
general.
2. Esas medidas deben integrarse en todas las formas de
cooperación técnica y económica, bilateral y multilateral,
gubernamental y no gubernamental. Los responsables deben traer a
colación las cuestiones relativas a la discapacidad en las
deliberaciones con sus homólogos sobre cooperación.
3. Al planificar y examinar programas de cooperación técnica y
económica, debe prestarse especial atención a los efectos de
esos programas para la situación de las personas con
discapacidad. Es sumamente importante que se consulte a las
personas con discapacidad y a sus organizaciones sobre todos los
proyectos de desarrollo destinados a esas personas. Unas y otras
deben participar directamente en la elaboración, ejecución y
evaluación de dichos proyectos.
4. Entre las esferas prioritarias para la cooperación económica
y técnica deben figurar:
a) El desarrollo de los recursos humanos mediante el
perfeccionamiento de los conocimientos, las aptitudes, y las
posibilidades de las personas con discapacidad y la
iniciación de actividades generadoras de empleo para esas
personas;
b) El desarrollo y la difusión de tecnologías y
conocimientos técnicos apropiados en relación con la
discapacidad.
5. Se exhorta asimismo a los Estados a que apoyen el
establecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones de
personas con discapacidad.
6. Los Estados deben adoptar medidas para que el personal que
participe, a todos los niveles, en la administración de
programas de cooperación técnica y económica aumente sus
conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con la
discapacidad.

Artículo 22. Cooperación internacional
Los Estados participarán activamente en la cooperación internacional
relativa al logro de la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad.
1. En las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras
organizaciones intergubernamentales interesadas, los Estados
deben participar en la elaboración de una política relativa a la
discapacidad.
2. Cuando proceda, los Estados deben incorporar las cuestiones
relativas a la discapacidad en las negociaciones de orden
general sobre, entre otras cosas, normas, intercambio de
información y programas de desarrollo.
3. Los Estados deben fomentar y apoyar el intercambio de
conocimientos y experiencias entre:
a) Organizaciones no gubernamentales interesadas en
cuestiones relativas a la discapacidad;
b) Instituciones de investigación e investigadores cuya
labor se relacione con cuestiones relativas a la
discapacidad;
c) Representantes de programas sobre el terreno y de grupos
profesionales en la esfera de la discapacidad;
d) Organizaciones de personas con discapacidad;
e) Comités nacionales de coordinación.
4. Los Estados deben procurar que las Naciones Unidas y sus
organismos especializados, así como todos los órganos
intergubernamentales e interparlamentarios de carácter mundial y
regional, incluyan en su labor a las organizaciones mundiales y
regionales de personas con discapacidad.


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Updated: 21 September 1998. Comments and suggestions: ito@un.org