Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad

PREAMBULO

Los Estados,
Conscientes de que los Estados, en la Carta de las Naciones Unidas,
se han comprometido a actuar individual y colectivamente en
cooperación con la Organización para promover niveles de vida más
elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y
desarrollo económico y social,

Reafirmando el compromiso de defender los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la justicia social y la dignidad y el
valor de la persona humana, proclamado en la Carta,

Recordando en particular las normas internacionales en materia de
derechos humanos que se enuncian en la Declaración Universal de
Derechos Humanos 7, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos 8,

Destacando que esos instrumentos proclaman que los derechos en ellos
reconocidos se deben conceder por igual a todas las personas sin
discriminación,
Recordando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del
Niño 9, que prohíben la discriminación basada en la discapacidad y
que requieren la adopción de medidas especiales para proteger los
derechos de los niños con discapacidad, y la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares 12, que establece
algunas medidas de protección contra la discapacidad,

Recordando asimismo las disposiciones de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 10
destinadas a salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres con
discapacidad

Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos de los Impedidos
13, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 14, la
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 15, los
Principios para la protección de los enfermos mentales y para el
mejoramiento de la atención de la salud mental 16 y otros
instrumentos pertinentes aprobados por la Asamblea General,

Teniendo en cuenta también las recomendaciones y los convenios
pertinentes aprobados por la Organización Internacional del Trabajo,
en especial los que se refieren a la participación en el empleo, sin
discriminación alguna, de las personas con discapacidad,

Conscientes de la labor y las recomendaciones pertinentes de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, en particular la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos 17, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y de otras organizaciones
interesadas,

Teniendo en cuenta el compromiso contraído por los Estados con
respecto a la protección del medio ambiente,

Conscientes de la devastación causada por los conflictos armados y
deplorando que de los escasos recursos disponibles se utilicen para
la producción de armamentos,

Reconociendo que el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y
la definición de igualdad de oportunidades que figura en él
representan la firme y sincera aspiración de la comunidad
internacional de lograr que esos diversos instrumentos y
recomendaciones internacionales sean prácticos y revistan una
importancia concreta,

Reconociendo que el objetivo del Decenio de las Naciones Unidas para
los Impedidos (1983-1992) de ejecutar el Programa de Acción Mundial
sigue teniendo validez y requiere la adopción de medidas urgentes y
sostenidas,

Recordando que el Programa de Acción Mundial se basa en conceptos
que tienen igual validez para los países en desarrollo que para los
países industrializados,

Convencidos de que hay que intensificar los esfuerzos si se quiere
conseguir que las personas con discapacidad puedan participar
plenamente en la sociedad y disfrutar de los derechos humanos en
condiciones de igualdad,

Subrayando nuevamente que las personas con discapacidad, sus padres,
tutores o quienes abogan en su favor, y las organizaciones que los
representan deben participar activamente, junto con los Estados, en
la planificación y ejecución de todas las medidas que afecten a sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

Cumpliendo lo dispuesto en la resolución 1990/26 del Consejo
Económico y Social y basándose en las medidas concretas que se
requieren para que las personas con discapacidad se hallen en
condiciones de igualdad con los demás, detalladas en el Programa de
Acción Mundial,

Han aprobado las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad, que se enuncian más adelante,
con objeto de:
a) Poner de relieve que todas las medidas en la esfera de la
discapacidad presuponen un conocimiento y una experiencia
suficientes acerca de las condiciones y necesidades especiales
de las personas con discapacidad;
b) Destacar que el proceso mediante el cual cada uno de los
aspectos de la organización de la sociedad se pone a disposición
de todos es un objetivo fundamental del desarrollo
socioeconómico;
c) Señalar aspectos decisivos de las políticas sociales en la
esfera de la discapacidad, incluido, cuando proceda, el fomento
activo de la cooperación económica y técnica;
d) Ofrecer modelos para el proceso político de adopción de
decisiones necesario para la consecución de la igualdad de
oportunidades, teniendo en cuenta la existencia de una gran
diversidad de niveles económicos y técnicos, así como el hecho
de que el proceso debe reflejar un profundo conocimiento del
contexto cultural en el que se desarrolla y el papel fundamental
que las personas con discapacidad desempeñan en dicho proceso;
e) Proponer la creación de mecanismos nacionales para establecer
una estrecha colaboración entre los Estados, los órganos del
sistema de las Naciones Unidas, otros órganos
intergubernamentales y las organizaciones de personas con
discapacidad;
f) Proponer un mecanismo eficaz de supervisión del proceso por
medio del cual los Estados tratan de lograr la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.

Notas:
12 Resolución 45/158, anexo.
13 Resolución 3447 (XXX).
14 Resolución 2856 (XXVI).
15 Resolución 2542 (XXIV).
16 Resolución 46/119, anexo.
17 Rapport final de la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous
: Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, Jomtien, Taïlande,
5-9 mars 1990, Commission interinstitutions (PNUD, UNESCO, UNICEF,
Banque Mondiale) pour la Conférence mondiale sur l'éducation pour
tous, New York, 1990, appendice 1.


REQUISITOS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACION

Artículo 1. Mayor toma de conciencia
Artículo 2. Atención médica
Artículo 3. Rehabilitación
Artículo 4. Servicios de apoyo

Artículo 1. Mayor toma de conciencia
Los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome
mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus
necesidades, sus posibilidades y su contribución.
1. Los Estados deben velar por que las autoridades competentes
distribuyan información actualizada acerca de los programas y
servicios disponibles para las personas con discapacidad, sus
familias, los profesionales que trabajen en esta esfera y el
público en general. La información para las personas con
discapacidad debe presentarse en forma accesible.
2. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas informativas
referentes a las personas con discapacidad y a las políticas en
materia de discapacidad a fin de difundir el mensaje de que
dichas personas son ciudadanos con los mismos derechos y las
mismas obligaciones que los demás, y de justificar así las
medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se
opongan a su plena participación.
3. Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a que
presenten una imagen positiva de las personas con discapacidad;
se debe consultar a ese respecto a las organizaciones de esas
personas.
4. Los Estados deben velar por que los programas de educación
pública reflejen en todos sus aspectos el principio de la plena
participación e igualdad.
5. Los Estados deben invitar a las personas con discapacidad y a
sus familias, así como a las organizaciones interesadas, a
participar en programas de educación pública relativos a las
cuestiones relacionadas con la discapacidad.
6. Los Estados deben alentar a las empresas del sector privado a
que incluyan en todos los aspectos de sus actividades las
cuestiones relativas a la discapacidad.
7. Los Estados deben iniciar y promover programas encaminados a
hacer que las personas con discapacidad cobren mayor conciencia
de sus derechos y posibilidades. Una mayor autonomía y la
creación de condiciones para la participación plena en la
sociedad permitirán a esas personas aprovechar las oportunidades
a su alcance.
8. La promoción de una mayor toma de conciencia debe constituir
una parte importante de la educación de los niños con
discapacidad y de los programas de rehabilitación. Las personas
con discapacidad también pueden ayudarse mutuamente a cobrar
mayor conciencia participando en las actividades de sus propias
organizaciones.
9. La promoción de una mayor toma de conciencia debe formar
parte integrante de la educación de todos los niños y ser uno de
los componentes de los cursos de formación de maestros y de la
capacitación de todos los profesionales.

Artículo 2. Atención médica
Los Estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a
las personas con discapacidad.
1. Los Estados deben esforzarse por proporcionar programas
dirigidos por equipos multidisciplinarios de profesionales para
la detección precoz, la evaluación y el tratamiento de las
deficiencias. En esa forma se podría prevenir, reducir o
eliminar sus efectos perjudiciales. Esos programas deben
asegurar la plena participación de las personas con discapacidad
y de sus familias en el plano individual y de las organizaciones
de personas con discapacidad a nivel de la planificación y
evaluación.
2. Debe capacitarse a los trabajadores comunitarios locales para
que participen en esferas tales como la detección precoz de las
deficiencias, la prestación de asistencia primaria y el envío a
los servicios apropiados.
3. Los Estados deben velar por que las personas con
discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención
médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás
miembros de la sociedad.
4. Los Estados deben velar por que todo el personal médico y
paramédico esté debidamente capacitado y equipado para prestar
asistencia médica a las personas con discapacidad y tenga acceso
a tecnologías y métodos de tratamiento pertinentes.
5. Los Estados deben velar por que el personal médico,
paramédico y personal conexo sea debidamente capacitado para que
pueda prestar asesoramiento apropiado a los padres a fin de no
limitar las opciones de que disponen sus hijos. Esa capacitación
debe ser un proceso permanente y basarse en la información más
reciente de que se disponga.
6. Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad
reciban regularmente el tratamiento y los medicamentos que
necesiten para mantener o aumentar su capacidad funcional.

Artículo 3. Rehabilitación*
Los Estados deben asegurar la prestación de servicios de
rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que
logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad.

1. Los Estados deben elaborar programas nacionales de
rehabilitación para todos los grupos de personas con
discapacidad. Esos programas deben basarse en las necesidades
reales de esas personas y en los principios de plena
participación e igualdad.
2. Esos programas deben incluir una amplia gama de actividades,
como la capacitación básica destinada a mejorar el ejercicio de
una función afectada o a compensar dicha función, el
asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias,
el fomento de la autonomía y la prestación de servicios
ocasionales como evaluación y orientación.
3. Deben tener acceso a la rehabilitación todas las personas que
la requieran, incluidas las personas con discapacidades graves o
múltiples.
4. Las personas con discapacidad y sus familias deben estar en
condiciones de participar en la concepción y organización de los
servicios de rehabilitación que les conciernan.
5. Los servicios de rehabilitación deben establecerse en la
comunidad local en la que viva la persona con discapacidad. Sin
embargo, en algunos casos, pueden organizarse cursos especiales
de rehabilitación a domicilio, de duración limitada, si se
estima que esa es la forma más apropiada para alcanzar una
determinada meta de capacitación.
6. Debe alentarse a las personas con discapacidad y a sus
familias a participar directamente en la rehabilitación, por
ejemplo, como profesores experimentados, instructores o
asesores.
7. Los Estados deben valerse de la experiencia adquirida por las
organizaciones de las personas con discapacidad cuando formulen
o evalúen programas de rehabilitación.

Artículo 4. Servicios de apoyo
Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de
servicios de apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los
recursos auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de
autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos.
1. Entre las medidas importantes para conseguir la igualdad de
oportunidades, los Estados deben proporcionar equipo y recursos
auxiliares, asistencia personal y servicios de intérprete según
las necesidades de las personas con discapacidad.
2. Los Estados deben apoyar el desarrollo, la fabricación, la
distribución y los servicios de reparación del equipo y los
recursos auxiliares, así como la difusión de los conocimientos
al respecto.
3. Con ese fin, deben aprovecharse los conocimientos técnicos de
que se disponga en general. En los Estados en que exista una
industria de alta tecnología, ésta debe utilizarse plenamente a
fin de mejorar el nivel y la eficacia del equipo y recursos
auxiliares. Es importante estimular el desarrollo y la
fabricación de recursos auxiliares más sencillos y menos
costosos, en lo posible mediante la utilización de materiales y
medios de producción locales. Las personas con discapacidad
podrían participar en la fabricación de esos artículos.
4. Los Estados deben reconocer que todas las personas con
discapacidad que necesiten equipo o recursos auxiliares deben
tener acceso a ellos según proceda, incluida la capacidad
financiera de procurárselos. Puede ser necesario que el equipo y
los recursos auxiliares se faciliten gratuitamente o a un precio
lo suficientemente bajo para que dichas personas o sus familias
puedan adquirirlos.
5. En los programas de rehabilitación para el suministro de
dispositivos auxiliares y equipo, los Estados deben considerar
las necesidades especiales de las niñas y los niños con
discapacidad por lo que se refiere al diseño y a la durabilidad
de los dispositivos auxiliares y el equipo, así como a su
idoneidad en relación con la edad de los niños a los que se
destinen.
6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la disponibilidad
de programas de asistencia personal y de servicios de
interpretación, especialmente para las personas con
discapacidades graves o múltiples. Dichos programas aumentarían
el grado de participación de las personas con discapacidad en la
vida cotidiana en el hogar, el lugar de trabajo, la escuela y
durante su tiempo libre.
7. Los programas de asistencia personal deben concebirse de
forma que las personas con discapacidad que los utilicen ejerzan
una influencia decisiva en la manera de ejecutar dichos
programas.

* La rehabilitación, uno de los conceptos fundamentales de la
política en materia de discapacidad, se define en el párrafo 23 de
la introducción.


II. ESFERAS PREVISTAS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACION
Artículo 5. Posibilidades de acceso
Artículo 6. Educación
Artículo 7. Empleo
Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social
Artículo 9. Vida en familia e integridad personal
Artículo 10. Cultura
Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas
Artículo 12. Religión

Artículo 5. Posibilidades de acceso
Los Estados deben reconocer la importancia global de las
posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de
oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas
con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben a)
establecer programas de acción para que el entorno físico sea
accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la
información y la comunicación.
a) Acceso al entorno físico
1. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los
obstáculos a la participación en el entorno físico. Dichas
medidas pueden consistir en elaborar normas y directrices y en
estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el
acceso a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, en lo
que se refiere a las viviendas, los edificios, los servicios de
transporte público y otros medios de transporte, las calles y
otros lugares al aire libre.
2. Los Estados deben velar por que los arquitectos, los técnicos
de la construcción y otros profesionales que participen en el
diseño y la construcción del entorno físico puedan obtener
información adecuada sobre la política en materia de
discapacidad y las medidas encaminadas a asegurar el acceso.
3. Las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el
principio en el diseño y la construcción del entorno físico.
4. Debe consultarse a las organizaciones de personas con
discapacidad cuando se elaboren normas y disposiciones para
asegurar el acceso. Dichas organizaciones deben asimismo
participar en el plano local, desde la etapa de planificación
inicial, cuando se diseñen los proyectos de obras públicas, a
fin de garantizar al máximo las posibilidades de acceso.
b) Acceso a la información y la comunicación
5. Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias
y quienes abogan en su favor deben tener acceso en todas las
etapas a una información completa sobre el diagnóstico, los
derechos y los servicios y programas disponibles. Esa
información debe presentarse en forma que resulte accesible para
las personas con discapacidad.
6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios
de información y documentación sean accesibles a diferentes
grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar
acceso a la información y la documentación escritas a las
personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema
Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras
tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse
tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información
oral a las personas con deficiencias auditivas o dificultades de
comprensión.
7. Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en
la educación de los niños sordos, así como en sus familias y
comunidades. También deben prestarse servicios de interpretación
del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las
personas sordas y las demás personas.
8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las
personas con otras discapacidades de comunicación.
9. Los Estados deben estimular a los medios de información, en
especial a la televisión, la radio y los periódicos, a que hagan
accesibles sus servicios.
10. Los Estados deben velar por que los nuevos sistemas de
servicios y de datos informatizados que se ofrezcan al público
en general sean desde un comienzo accesibles a las personas con
discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a ellas.
11. Debe consultarse a las organizaciones de personas con
discapacidad cuando se elaboren medidas encaminadas a
proporcionar a esas personas acceso a los servicios de
información.

Artículo 6. Educación
Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de
oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y
superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad
en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las
personas con discapacidad constituya una parte integrante del
sistema de enseñanza.
1. La responsabilidad de la educación de las personas con
discapacidad en entornos integrados corresponde a las
autoridades docentes en general. La educación de las personas
con discapacidad debe constituir parte integrante de la
planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes
de estudio y la organización escolar.
2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación
de servicios de interpretación y otros servicios de apoyo
apropiados. Deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y
servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de
personas con diversas discapacidades. 3. Los grupos o
asociaciones de padres y las organizaciones de personas con
discapacidad deben participar en todos los niveles del proceso
educativo.
4. En los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe
impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos los tipos
y grados de discapacidad, incluidos los más graves.
5. Debe prestarse especial atención a los siguientes grupos:
a) Niños muy pequeños con discapacidad;
b) Niños de edad preescolar con discapacidad;
c) Adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres.
6. Para que las disposiciones sobre instrucción de personas con
discapacidad puedan integrarse en el sistema de enseñanza
general, los Estados deben:
a) Contar con una política claramente formulada, comprendida
y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general;
b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y
adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos
según sea necesario;
c) Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la
formación constante de personal docente y de apoyo.
7. Los programas de educación integrada basados en la comunidad
deben considerarse como un complemento útil para facilitar a las
personas con discapacidad una formación y una educación
económicamente viables. Los programas nacionales de base
comunitaria deben utilizarse para promover entre las comunidades
la utilización y ampliación de sus recursos a fin de
proporcionar educación local a las personas con discapacidad.
8. En situaciones en que el sistema de instrucción general no
esté aún en condiciones de atender las necesidades de todas las
personas con discapacidad, cabría analizar la posibilidad de
establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a
los estudiantes para que se educaran en el sistema de enseñanza
general. La calidad de esa educación debe guiarse por las mismas
normas y aspiraciones que las aplicables a la enseñanza general
y vincularse estrechamente con ésta. Como mínimo, se debe
asignar a los estudiantes con discapacidad el mismo porcentaje
de recursos para la instrucción que el que se asigna a los
estudiantes sin discapacidad. Los Estados deben tratar de lograr
la integración gradual de los servicios de enseñanza especial en
la enseñanza general. Se reconoce que, en algunos casos, la
enseñanza especial puede normalmente considerarse la forma más
apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con
discapacidad.
9. Debido a las necesidades particulares de comunicación de las
personas sordas y de las sordas y ciegas, tal vez sea más
oportuno que se les imparta instrucción en escuelas para
personas con esos problemas o en aulas y secciones especiales de
las escuelas de instrucción general. Al principio sobre todo,
habría que cuidar especialmente de que la instrucción tuviera en
cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas
sordas o sordas y ciegas lograran una comunicación real y la
máxima autonomía.

Artículo 7. Empleo
Los Estados deben reconocer el principio de que las personas con
discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos
humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas
rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades
para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de
trabajo.
1. Las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector
laboral no deben discriminar contra las personas con
discapacidad ni interponer obstáculos a su empleo.
2. Los Estados deben apoyar activamente la integración de las
personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Este apoyo
activo se podría lograr mediante diversas medidas como, por
ejemplo, la capacitación profesional, los planes de cuotas
basadas en incentivos, el empleo reservado, préstamos o
subvenciones para empresas pequeñas, contratos de exclusividad o
derechos de producción prioritarios, exenciones fiscales,
supervisión de contratos u otro tipo de asistencia técnica y
financiera para las empresas que empleen a trabajadores con
discapacidad. Los Estados han de estimular también a los
empleadores a que hagan ajustes razonables para dar cabida a
personas con discapacidad.
3. Los programas de medidas estatales deben incluir:
a) Medidas para diseñar y adaptar los lugares y locales de
trabajo de forma que resulten accesibles a las personas que
tengan diversos tipos de discapacidad;
b) Apoyo a la utilización de nuevas tecnologías y al
desarrollo y la producción de recursos, instrumentos y
equipos auxiliares, y medidas para facilitar el acceso de
las personas con discapacidad a esos medios, a fin de que
puedan obtener y conservar su empleo;
c) Prestación de servicios apropiados de formación y
colocación y de apoyo como, por ejemplo, asistencia personal
y servicios de interpretación.
4. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas para sensibilizar
al público con miras a lograr que se superen las actitudes
negativas y los prejuicios que afecten a los trabajadores
aquejados de discapacidad.
5. En su calidad de empleadores, los Estados deben crear
condiciones favorables para el empleo de personas con
discapacidad en el sector público.
6. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los
empleadores deben cooperar para asegurar condiciones equitativas
en materia de políticas de contratación y ascenso, condiciones
de empleo, tasas de remuneración, medidas encaminadas a mejorar
el ambiente laboral a fin de prevenir lesiones y deterioro de la
salud, y medidas para la rehabilitación de los empleados que
hayan sufrido lesiones en accidentes laborales.
7. El objetivo debe ser siempre que las personas con
discapacidad obtengan empleo en el mercado de trabajo abierto.
En el caso de las personas con discapacidad cuyas necesidades no
puedan atenderse en esa forma, cabe la opción de crear pequeñas
dependencias con empleos protegidos o reservados. Es importante
que la calidad de esos programas se evalúe en cuanto a su
pertinencia y suficiencia para crear oportunidades que permitan
a las personas con discapacidad obtener empleo en el mercado de
trabajo.
8. Deben adoptarse medidas para incluir a personas con
discapacidad en los programas de formación y empleo en el sector
privado y en el sector no estructurado.
9. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los
empleadores deben cooperar con las organizaciones de personas
con discapacidad en todas las medidas encaminadas a crear
oportunidades de formación y empleo, en particular, el horario
flexible, la jornada parcial, la posibilidad de compartir un
puesto, el empleo por cuenta propia, y el cuidado de asistentes
para las personas con discapacidad.

Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social
Los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social
y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad.
1. Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo
adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad
que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con
é sta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un
ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de
empleo. Los Estados deben velar por que la prestación de apoyo
tenga en cuenta los gastos en que suelen incurrir las personas
con discapacidad, y sus familias, como consecuencia de su
discapacidad.
2. En países donde exista o se esté estableciendo un sistema de
seguridad social, de seguros sociales u otro plan de bienestar
social para la población en general, los Estados deben velar por
que dicho sistema no excluya a las personas con discapacidad ni
discrimine contra ellas.
3. Los Estados deben velar asimismo por que las personas que se
dediquen a cuidar a una persona con discapacidad tengan un
ingreso asegurado o gocen de la protección de la seguridad
social.
4. Los sistemas de seguridad social deben prever incentivos para
restablecer la capacidad para generar ingresos de las personas
con discapacidad. Dichos sistemas deben proporcionar formación
profesional o contribuir a su organización, desarrollo y
financiación. Asimismo, deben facilitar servicios de colocación.

5. Los programas de seguridad social deben proporcionar también
incentivos para que las personas con discapacidad busquen empleo
a fin de crear o restablecer sus posibilidades de generación de
ingresos.
6. Los subsidios de apoyo a los ingresos deben mantenerse
mientras persistan las condiciones de discapacidad, de manera
que no resulten un desincentivo para que las personas con
discapacidad busquen empleo. Sólo deben reducirse o darse por
terminados cuando esas personas logren un ingreso adecuado y
seguro.
7. En países donde el sector privado sea el principal proveedor
de la seguridad social, los Estados deben promover entre las
comunidades locales, las organizaciones de bienestar social y
las familias el establecimiento de medidas de autoayuda e
incentivos para el empleo de personas con discapacidad o para
que esas personas realicen actividades relacionadas con el
empleo.

Artículo 9. Vida en familia e integridad personal
Los Estados deben promover la plena participación de las personas
con discapacidad en la vida en familia. Deben promover su derecho a
la integridad personal y velar por que la legislación no establezca
discriminaciones contra las personas con discapacidad en lo que se
refiere a las relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación.
1. Las personas con discapacidad deben estar en condiciones de
vivir con sus familias. Los Estados deben estimular la inclusión
en la orientación familiar de módulos apropiados relativos a la
discapacidad y a sus efectos para la vida en familia. A las
familias en que haya una persona con discapacidad se les deben
facilitar servicios de cuidados temporales o de atención a
domicilio. Los Estados deben eliminar todos los obstáculos
innecesarios que se opongan a las personas que deseen cuidar o
adoptar a un niño o a un adulto con discapacidad.
2. Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la
oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones
sexuales o tener hijos. Teniendo en cuenta que las personas con
discapacidad pueden tropezar con dificultades para casarse y
para fundar una familia, los Estados deben promover el
establecimiento de servicios de orientación apropiados. Las
personas con discapacidad deben tener el mismo acceso que las
demás a los métodos de planificación de la familia, así como a
información accesible sobre el funcionamiento sexual de su
cuerpo.
3. Los Estados deben promover medidas encaminadas a modificar
las actitudes negativas ante el matrimonio, la sexualidad y la
paternidad o maternidad de las personas con discapacidad, en
especial de las jóvenes y las mujeres con discapacidad, que aún
siguen prevaleciendo en la sociedad. Se debe exhortar a los
medios de información a que desempeñen un papel importante en la
eliminación de las mencionadas actitudes negativas.
4. Las personas con discapacidad y sus familias necesitan estar
plenamente informadas acerca de las precauciones que se deben
tomar contra el abuso sexual y otras formas de maltrato. Las
personas con discapacidad son particularmente vulnerables al
maltrato en la familia, en la comunidad o en las instituciones y
necesitan que se les eduque sobre la manera de evitarlo para que
puedan reconocer cuándo han sido víctimas de él y notificar
dichos casos.

Artículo 10. Cultura
Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad se
integren y puedan participar en las actividades culturales en
condiciones de igualdad.
1. Los Estados velarán por que las personas con discapacidad
tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística
e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino
también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas
urbanas como en las rurales. Son ejemplos de tales actividades
la danza, la música, la literatura, el teatro, las artes
plásticas, la pintura y la escultura. En los países en
desarrollo, en particular, se hará hincapié en las formas
artísticas tradicionales y contemporáneas, como el teatro de
títeres, la declamación y la narración oral.
2. Los Estados deben promover el acceso de las personas con
discapacidad a los lugares en que se realicen actos culturales o
en que se presten servicios culturales tales como los teatros,
los museos, los cines y las bibliotecas, y cuidar de que esas
personas puedan asistir a ellos.
3. Los Estados deben iniciar el desarrollo y la utilización de
medios técnicos especiales para que la literatura, las películas
cinematográficas y el teatro sean accesibles a las personas con
discapacidad.

Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas
Los Estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las
personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para
realizar actividades recreativas y deportivas.
1. Los Estados deben iniciar medidas para que los lugares donde
se llevan a cabo actividades recreativas y deportivas, los
hoteles, las playas, los estadios deportivos y los gimnasios,
entre otros, sean accesibles a las personas con discapacidad.
Esas medidas abarcarán el apoyo al personal encargado de
programas de recreo y deportes, incluso proyectos encaminados a
desarrollar métodos para asegurar el acceso y programas de
participación, información y capacitación.
2. Las autoridades turísticas, las agencias de viaje, los
hoteles, las organizaciones voluntarias y otras entidades que
participen en la organización de actividades recreativas o de
viajes turísticos deben ofrecer sus servicios a todo el mundo,
teniendo en cuenta las necesidades especiales de las personas
con discapacidad. Debe impartirse formación adecuada para poder
contribuir a ese proceso.
3. Debe alentarse a las organizaciones deportivas a que fomenten
las oportunidades de participación de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas. En algunos casos,
las medidas encaminadas a asegurar el acceso podrían ser
suficientes para crear oportunidades de participación. En otros
casos se precisarán arreglos especiales o juegos especiales. Los
Estados deberán apoyar la participación de las personas con
discapacidad en competencias nacionales e internacionales.
4. Las personas con discapacidad que participen en actividades
deportivas deben tener acceso a una instrucción y un
entrenamiento de la misma calidad que los demás participantes.
5. Los organizadores de actividades recreativas y deportivas
deben consultar a las organizaciones de personas con
discapacidad cuando establezcan servicios para dichas personas.

Artículo 12. Religión
Los Estados deben promover la adopción de medidas para la
participación de las personas con discapacidad en la vida religiosa
de sus comunidades en un pie de igualdad.
1. Los Estados, en consulta con las autoridades religiosas,
deben promover la adopción de medidas para eliminar la
discriminación y para que las actividades religiosas sean
accesibles a las personas con discapacidad.
2. Los Estados deben promover la distribución de información
sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad entre las
organizaciones e instituciones religiosas. Los Estados también
deben alentar a las autoridades religiosas a que incluyan
información sobre políticas en materia de discapacidad en los
programas de formación para el desempeño de profesiones
religiosas y en los programas de enseñanza religiosa.
3. Los Estados deben también alentar la adopción de medidas para
que las personas con deficiencias sensoriales tengan acceso a la
literatura religiosa.
4. Los Estados o las organizaciones religiosas deben consultar a
las organizaciones de personas con discapacidad cuando elaboren
medidas encaminadas a lograr la participación de esas personas
en actividades religiosas en un pie de igualdad.